Fundación ONCE e Inserta Empleo, su entidad para el empleo y la formación, ha apostado hoy por la necesidad de impulsar el empleo de las personas con discapacidad en la Administración Pública. Ha sido durante la celebración del ciberseminario ‘De la obligación a la oportunidad. La inclusión de la discapacidad en el sector público’, cofinanciado por la Unión Europea, que apoya a las administraciones públicas en la inclusión laboral de personas con discapacidad y el fomento de la gestión estratégica del talento diverso.
En la apertura del encuentro, a cargo de Mar Medeiros, directora de Empresas, Alianzas, RSC-D y Marketing Social de Inserta Empleo y directora de Marketing Social y Convenios de Fundación ONCE, se ha incidido en la necesidad de que el empleo público sea una opción para las personas con discapacidad.
A continuación, Ginés Ruiz, técnico del departamento de Recursos Públicos de Ilunion, ha analizado el marco legal actual, explicando la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y de su Inclusión Social (LGD) obliga a las empresas de más de 50 trabajadores a contratar a un mínimo de un 2% de personas con discapacidad certificada.
También ofrece la oportunidad de cumplir con la ley a través de una serie de medidas alternativas solicitando para ello un certificado de excepcionalidad. Incluyen contratar con un Centro Especial de Empleo (CEE) o con un autónomo con discapacidad para suministrar bienes o servicios, constituir un enclave laboral o realizar donaciones o patrocinios a entidades sin ánimo de lucro que promuevan la inclusión laboral de personas con discapacidad.
Por su parte, Vanesa Carballo, coordinadora de la dirección de Empresas, Alianzas y RSC-D de Inserta Empleo, ha destacado que, si bien en los últimos años se han producido avances, «no son suficientes y hay que seguir trabajando para que más allá de cumplir con el porcentaje, la Administración garantice a las personas con discapacidad un desarrollo profesional».
Borja Arnáiz, técnico del departamento de Captación de Fondos de la Dirección de Marketing Social de Fundación ONCE, ha recordado que la entidad a la que representan ayuda a cumplir con las medidas alternativas a través de la intermediación laboral y el asesoramiento jurídico a las empresas y la generación de empleo indirecto, por medio de los CEE de Ilunion. También ofrece la opción de donaciones para programas de inclusión laboral y la participación en programas de becas como el programa Oportunidad al Talento y el programa de Becas-Prácticas Fundación ONCE-CRUE, que promueven la formación y el acceso de personas con discapacidad al mercado laboral.
Por último, se han expuesto casos de éxito y buenas prácticas en la aplicación de la Ley General de la Discapacidad en el sector público de la mano de Almudena Torres, Gerente de Selección y Atracción del Talento de Ineco y Raquel Piedras, jefa de Gestión del Talento de Paradores.
El Foro Inserta Empleo Público es un generador de redes de diálogo y reflexión que permite la puesta en marcha de iniciativas y prácticas que impulsen el empleo público, el desarrollo de un Observatorio de la inclusión de empleados públicos con discapacidad y de la Accesibilidad Universal, así como la digitalización de la Administración Pública en términos de accesibilidad. Asimismo, tiene como fin la difusión de buenas prácticas de empresas públicas y administraciones del ámbito público con relación a la incorporación de personas con discapacidad y el fomento de la visibilidad de personas con discapacidad en puestos directivos y representativos en la administración pública central, autonómica y municipal.
DATOS DE EMPLEO PÚBLICO
Según la última Estadística de Empleo de las Personas con Discapacidad publicada por el INE, en 2023 el 3,7% de los asalariados del sector público eran personas con discapacidad, lo que equivale a cerca de 99.400 trabajadores. Esta cifra refleja una tendencia estable al alza, ya que en 2022 fue del 3,6% y también del 3,7% en 2021. Asimismo, el 90,4% de las personas con discapacidad ocupadas tenían un contrato asalariado, y de estas, el 77,8% contaban con un contrato indefinido. La gran mayoría trabajaba a jornada completa (81,9%) y en el sector servicios (80,6%).
En cuanto al acceso al empleo público, la Oferta de Empleo Público de 2023 reservó un 7% de las plazas para personas con discapacidad: un 5% para personas con cualquier tipo de discapacidad y un 2% específicamente para personas con discapacidad intelectual. En 2024, esta reserva se ha ampliado, alcanzando un 10% en la Administración General del Estado, dentro de una convocatoria récord de 40.146 plazas.
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